Satisfaccion moderada por los creditos del ICO
Publicado por casasdebajocoste en Mayo 10, 2008
El sector valora positivamente la línea de avales de 5.000 millones para financiar vpo pero considera que no es suficiente.
El Instituto de Crédito Oficial comunicó el miércoles el primer reparto provisional de los 5.000 millones de euros que conforman la línea de avales para titulación de préstamos hipotecarios concedidos para la adquisición de VPO a 44 entidades de crédito solicitantes. La medida va dirigida a aquellos bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y sucursales abiertas en España por entidades de crédito extranjeras, que estén sometidas a la supervisión del Banco de España, que la hayan solicitado. El principal requisito consiste en que los Fondos de Titulación de Activos a los que se destina la ayuda dispongan entre el 80% y el 100% de préstamos hipotecarios dedicados a vivienda protegida. Los beneficiarios tienen que reinvertir la plusvalía obtenida por el tramo en más financiación de VPO. Por lo tanto, hasta un 20% puede dedicarse a vivienda libre.
Estas entidades deben confirmar antes del 21 de mayo si continúan en el proceso y el 29 de mayo el ICO comunicará el reparto definitivo. Esta medida, que tiene como objetivo aportar liquidez al sector financiero tiene una comisión para el órgano público del 0,3% sobre el importe total del tramo avalado, pagaderos por adelantado. Por el momento, el sector inmobiliario se muestra satisfecho, aunque considera que las medidas deberían tener mayor calado para agilizar la tensión crediticia y la retracción de inversores internacionales.
Fuentes de la APCE apuntan a que se trata de una “medida inteligente” y quieren dejar claro que esta disposición del ICO no consiste en dar financiación a las empresas promotoras. Las propuestas del sector han ido destinadas desde el principio a demandar mayor flexibilidad en la financiación de los compradores tanto de vivienda libre como de protegida que permitan reinventir esos préstamos hipotecarios. Por su parte, el presidente del ICO, Aurelio Martínez, declaró el lunes que el reparto de los 5.000 millones se hará en función de “variables objetivas” sobre la capacidad de cada entidad para la financiación de crédito. La petición originaria de las entidades solicitantes eran avales por un saldo de 25.112 millones de euros, un 84,5% del saldo estimado de VPO del sistema financiero nacional, que asciende a 29.721 millones de euros.
Esta medida busca impulsar la vivivienda protegida y, según Martínez, nació de la iniciativa del Gobierno de potenciar un sector que aún cuenta con una importante demanda nacional. “Hay una demanda muy importante de crédito que viene a confirmar la creencia de que estamos ante una crisis más financiera que inmobiliaria”, explica Eduardo Vallejo, director técnico del departamento de Suelo de la División Residencial de King Sturge.
Los promotores consideran que esta iniciativa es buena, ya que la promoción de vivienda pública o privada es una actividad supeditada a la exisitencia de crédito. Este segmento se ha convertido en un refugio dada las dificultades derivadas de la caída de ventas en la vivienda libre. Este primer impulso gubernamental se ve con buenos ojos, “como primer paso es favorable”, apuntan desde Detinsa. Además, los profesionales consideran que España cuenta con entidades de crédito muy solventes y que el ICO debe apoyarlas para impulsar la financiación de los compradores, cuyas condiciones hipotecarias se han vuelto en poco tiempo muy restrictivas.
El sector siempre ha querido lanzar un mensaje diáfano, lejos de exigencias particulares, solicitando una inyección de liquidez en los bancos para que aporten financiación a todos los agentes implicados en el mercado inmobiliario: empresarios, cooperativas, gestores y, por supuesto, consumidores finales.
“Toda medida en este sentido será una ayuda significativa y resultará mucho más rentable para las arcas públicas que permitir una caída de un sector tan intensivo en mano de obra y determinante para las industrias auxiliares”, comenta Lorenzo Manteca, presidente de Adrisa, que considera que 5.000 millones en avales son insuficientes, ya que el costo del desempleo y el descenso de recaudación de ayuntamientos, comunidades autónomas y Hacienda son gastos muy superiores a los que supondría el incremento de 5.000 a 25.000 millones de euros en avales.
Otro partidario de medidas para flexibilizar el crédito es Jesús Martín del Prado, presidente de Larcovi, promotora que también apuesta por la VPO, si bien considera que la verdadera limitación a la promoción de viviendas con algún tipo de protección es la disponibilidad de suelos”. “Si los ayuntamientos y las comunidades autónomas no ponen en el mercado suelo, la promoción pública es imposible con o sin financiación”, apunta. Respecto a los 5.000 millones, Martín de Prado cree que no debería ser una cantidad cerrada, sino una primera partida que debe ser cuestionada antes de que conceda otra nueva.
